Europa ha empezado a contemplar la quiebra y la posible salida de Grecia del euro como una eventualidad cada vez más probable y a la que ve con mucho menos temor que hace unos meses. El 15 de febrero, The Wall Street Journal titulaba en su portada que la quiebra de Grecia había dejado de ser un tabú. El semanario alemán Der Spiegel, por su parte, advertía que “si los negociadores con Atenas fueran honestos, habrían comprendido que no hay otra salida que el default’’.
Ese nuevo estado de opinión ha ido ganando terreno a medida que ha crecido la desconfianza hacia el gobierno griego por los reiterados incumplimientos de sus compromisos anteriores. El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, suspendió la reunión programada de los ministros de Finanzas de la zona euro para abordar el asunto debido a que Atenas no cumplía las condiciones para la aprobación del segundo rescate de 130.000 millones de euros, lo que pone en riesgo la entrega de los 14.500 millones de euros que Grecia necesita antes de marzo para hacer frente a los vencimientos de su deuda. El propio ministro de Finanzas heleno, Evangelos Venizelos, ha admitido que “hay muchos en la zona euro que nos quieren ver fuera”.
De poco ha servido que el Parlamento heleno aprobara –mientras los manifestantes quemaban varios edificios de Atenas– las medidas de ajuste por valor de 3.300 millones de euros exigidas por la troika (los representantes del Fondo Monetario Internacional, FMI, Banco Central Europeo, BCE, y la Comisión Europea). Pese a las promesas de Venizelos –el seguro candidato socialista a las elecciones del próximo abril–, los gobiernos y acreedores ya no se fían.
Una de las razones para retrasar el pago es la sospecha de que el líder conservador, Antonis Samaras, que probablemente formará gobierno tras los comicios, no cumplirá el pacto. Ni siquiera una carta suya, comprometiéndose a honrar el acuerdo, ha mitigado la desconfianza, dado que en el texto subraya la necesidad de modificar algunos de sus puntos.
A todo ello hay que sumar las dilaciones del ejecutivo presidido por Lucas Papademos a la hora de detallar las partidas presupuestarias en las que se aplicarán los recortes adicionales, por valor de 325 millones de euros. Más importante aún es la creciente certeza de los negociadores europeos de que Grecia, con una caída del PIB del 7% en 2011, no está en condiciones de pagar su deuda, y menos aún de devolver las ayudas (pasadas y futuras) entregadas por la UE, que ascenderían a 240.000 millones de euros tras el segundo plan.
El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, fue claro: “No vamos a seguir alimentando un pozo sin fondo”. Según Financial Times, Alemania, Holanda y Finlandia (los países AAA) estarían entre los principales defensores del default de Grecia. Un alto cargo de la zona euro declaró al diario británico que esos tres países están “perdiendo la paciencia”. También Franz Fehrenbach, presidente de la multinacional alemana Bosch, ha reclamado que Grecia deje el euro. Aunque no lo admitan públicamente, muchos líderes europeos están convencidos de que el sistema está en mejores condiciones que hace seis meses para absorber el choque de una quiebra griega, debido a la adopción de medidas destinadas a actuar como “cortafuegos” al resto de la zona euro.
Entre ellas, destacan el próximo Mecanismo Europeo de Estabilidad, la nueva política de préstamos a la banca del BCE y las exigencias de recapitalización de la banca. Los bancos, en buena parte alemanes, se han ido desprendiendo en los últimos dos años de los bonos griegos que tenían en su carteras, lo que también explica la caída en picado de su valor. Según The New York Times, “Europa está preparada para pagar lo que sea necesario para salvar sus bancos, pero no para rescatar indefinidamente a Grecia”.
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