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EDUARDO S. MOLANO / CORRESPONSAL EN NAIROBI
Perdido ya el apoyo internacional, el presidente yemení, Ali Abdulá Saleh, se escuda ahora en el lenguaje belicista y lanza ambiguos mensajes sobre una posible salida de la presidencia antes de concluir su mandato. Ayer, el presidente —aliado histórico de Estados Unidos en su cruzada contra el terrorismo islamista— advirtió de la posibilidad de «una guerra civil» si un buen número de generales y oficiales del Ejército continúan expresando su apoyo a los manifestantes que, desde el pasado mes de enero, exigen un cambio de Gobierno.
«Aquellos que quieran trepar al poder mediante golpes deben saber que esto es impensable. La patria no será estable, habrá una sangrienta guerra», aseguró el mandatario.
La advertencia de Saleh se produce tan solo un día después de la deserción del «número dos» de las Fuerzas Armadas —el general de brigada Ali Mohsen—, así como de la dimisión de los ministros de Turismo, Asuntos Religiosos y Derechos Humanos, tras la muerte de 52 manifestantes en las protestas del pasado viernes.
Para paliar esta oleada de defecciones, el portavoz presidencial, Ahmed al Sufi, aseguró ayer que presidente yemení podría abandonar el cargo a finales de año, siempre y cuando «la Presidencia no fuera asumida por los militares golpistas». Un golpe de efecto, que ya ha sido rechazado por la oposición.
Y lo cierto es que el panorama no es nuevo. Como señalaba recientemente Ginny Hill, analista del «think tan» británico Chatham House, el principal problema de Yemen es, precisamente, «la patrimonialización del poder político en un clan familiar, con Estado que carece de instituciones reales». Esto explicaría el caso de los sobrinos del presidente, Amar, Yahye y Tarek, quienes controlan, respectivamente, la Oficina de Seguridad, la Unidad de Contraterrorismo y la guardia presidencial.
Lo que está en juego
EDUARDO S. MOLANO / CORRESPONSAL EN NAIROBI
Perdido ya el apoyo internacional, el presidente yemení, Ali Abdulá Saleh, se escuda ahora en el lenguaje belicista y lanza ambiguos mensajes sobre una posible salida de la presidencia antes de concluir su mandato. Ayer, el presidente —aliado histórico de Estados Unidos en su cruzada contra el terrorismo islamista— advirtió de la posibilidad de «una guerra civil» si un buen número de generales y oficiales del Ejército continúan expresando su apoyo a los manifestantes que, desde el pasado mes de enero, exigen un cambio de Gobierno.
«Aquellos que quieran trepar al poder mediante golpes deben saber que esto es impensable. La patria no será estable, habrá una sangrienta guerra», aseguró el mandatario.
La advertencia de Saleh se produce tan solo un día después de la deserción del «número dos» de las Fuerzas Armadas —el general de brigada Ali Mohsen—, así como de la dimisión de los ministros de Turismo, Asuntos Religiosos y Derechos Humanos, tras la muerte de 52 manifestantes en las protestas del pasado viernes.
Para paliar esta oleada de defecciones, el portavoz presidencial, Ahmed al Sufi, aseguró ayer que presidente yemení podría abandonar el cargo a finales de año, siempre y cuando «la Presidencia no fuera asumida por los militares golpistas». Un golpe de efecto, que ya ha sido rechazado por la oposición.
Y lo cierto es que el panorama no es nuevo. Como señalaba recientemente Ginny Hill, analista del «think tan» británico Chatham House, el principal problema de Yemen es, precisamente, «la patrimonialización del poder político en un clan familiar, con Estado que carece de instituciones reales». Esto explicaría el caso de los sobrinos del presidente, Amar, Yahye y Tarek, quienes controlan, respectivamente, la Oficina de Seguridad, la Unidad de Contraterrorismo y la guardia presidencial.
Lo que está en juego
Aunque la crisis no es solo política. En el poder desde hace 32 años, Saleh ha utilizado los conflictos internos con los rebeldes Houthi en el norte, los rebeldes marxistas al sur y, sobre todo, al Qaida al este, para atraer la ayuda extranjera que solidifique su base de poder. No en vano, el Gobierno yemení recibe cada año cerca de 300 millones de dólares de la Administración estadounidense encaminados a frenar la amenaza islamista.
Sin embargo, para el ex embajador de EE.UU. en la región, William A. Rugh, «en la actualidad, la verdadera prioridad del presidente ya no es combatir a Al Qaida, sino paliar el descontento económico en el sur». En un país con una tasa de desempleo del 35 por ciento, ésta no es una cuestión menor.
El viernes pasado, Saleh impuso el estado de emergencia en todo el país, coincidiendo con una matanza en los alrededores de la Universidad de Saná que causó 45 muertos y 270 heridos.
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