Por Daniela Pastrana y Aprille Muscara
CIUDAD JUÁREZ, México/WASHINGTON, (IPS) - En la estadounidense ciudad de El Paso la prensa está escandalizada: en dos meses se cometieron seis asesinatos, superando los cinco de todo el año pasado. En la vecina y mexicana Ciudad Juárez nadie duda de que este año le ganará al pasado en homicidios cometidos: fueron 3.111 en 2010.
Un modelo computacional creado por Alberto Ochoa, investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), estima que en 2011 se llegará a 5.000 asesinatos si todo sigue como está en la región, donde los cárteles de Juárez y Sinaloa luchan por controlar la ruta de las drogas hacia el principal mercado mundial, Estados Unidos. La violencia es la última y más persistente brecha entre dos urbes que hace apenas unas décadas compartían un intenso intercambio a través del río Bravo.
Esta frontera cada día más vigilada tiene una porosidad selectiva: las drogas siguen pasando hacia el norte, mientras la mortandad asociada al narcotráfico se queda del lado mexicano.
¿Por qué? En Juárez la gente lo explica con simpleza. "Aquí cualquiera puede hacer lo que quiera. En Estados Unidos no, ahí te detienen", dice la periodista local Josefina Martínez.
En la última década, las mafias mexicanas se apoderaron del comercio de la cocaína producida en Colombia, acentuaron su hegemonía en la siembra y distribución de marihuana e incrementaron su capacidad para fabricar drogas sintéticas, lo cual en conjunto sumó a sus ganancias y a su consecuente poder económico y de fuego.
Pero la cifra de homicidios se disparó cuando el gobierno de Felipe Calderón militarizó en 2007 la política antinarcóticos: ya hay más de 35.000 muertos en este país que no está entre los mayores productores ni consumidores de drogas.
"Es un error ver la violencia como si fuera un problema único, aislado, y no como un problema de debilidad del Estado", dijo a IPS el jurista Samuel González Ruiz, que dirigió la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la fiscalía en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) y fue consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
"Todos los gobiernos del mundo gestionan mercados lícitos o ilícitos por acción o por omisión", sostuvo. "La diferencia fundamental es que en México los funcionarios públicos pueden participar en procesos de corrupción, mientras que en otros países funcionan políticas de aplicación del derecho", indicó.
"Piensa en un gran jardín. El de Estados Unidos es verde, verde, verde... hay droga en cada esquina y cada determinado tiempo se poda y vuelve a quedar el pasto parejo. En países como México, el jardín está abandonado, lleno de arbustos, y las raíces crecen y se meten por debajo de la casa hasta que ponen en riesgo los cimientos", describió. Para las mafias, no es buen negocio desplegar la guerra donde están sus clientes.
Vigilancia rigurosa
"Un desborde de violencia, con bandas narcotraficantes llevando su batalla a territorio estadounidense, es un escenario remoto", sostuvo el experto en las relaciones bilaterales David Shirk en un informe especial que está por publicar este mes el estadounidense Council on Foreign Relations.
Estados Unidos destinó enormes recursos en la frontera con México para impedir la inmigración indocumentada y el desborde de violencia, argumenta Shirk en su informe "The Drug War in Mexico: Confronting a Shared Threat" (La guerra de las drogas en México: afrontar un peligro compartido).
Más de 20.000 efectivos de la guardia fronteriza y más de 3.000 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas patrullaron el año pasado los 3.226 kilómetros del límite binacional. Los fondos asignados a estas instituciones llegaron en 2010 a 11.500 millones de dólares y 5.700 millones de dólares respectivamente, casi el doble del presupuesto que tenían en 2004.
"Hoy la frontera tiene una seguridad mayor que la que ha tuvo desde la Revolución Mexicana de 1910, cuando Estados Unidos desplegó la mitad de sus fuerzas militares para protegerse de una posible incursión de grupos insurgentes", apuntaron Shirk y su colega Eric Olson en un comentario publicado el mes pasado para el Immigration Policy Centre.
El 15 de febrero, dos agentes del estadounidense Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Jaime Zapata y Victor Ávila, fueron emboscados mientras se desplazaban por una carretera mexicana. El primero murió y el segundo resultó herido. Y eso dio lugar a una amplia batida en Estados Unidos.
Las autoridades de ese país venían efectuando intensos operativos contra bandas delictivas y narcotraficantes, incluyendo socios estadounidenses de los cárteles mexicanos. Entre diciembre de 2010 y febrero de 2011, en una operación del Servicio de Inmigración y Aduanas, "Proyecto Tempestad del Sur", casi 700 personas fueron detenidas en redadas en 168 ciudades.
Según las autoridades, casi la mitad de esos detenidos tienen conexiones con los carteles mexicanos, entre ellos Los Zetas, presuntos responsables de la emboscada contra Zapata y Ávila.
El operativo permitió confiscar dinero y drogas desde Los Angeles, en el occidental estado de California, y Houston, Texas, en el sur, hasta Newark, estado de Nueva Jersey, en el este. Es en grandes centros urbanos como esos, algunos muy alejados de la frontera, donde se manifiestan los crímenes domésticos vinculados a la droga, bajo la forma de violencia de pandillas.
Pero pese a la inédita movilización de agentes y recursos, no se cumplen las metas de frenar el flujo irregular de personas, dinero, armas y narcóticos.
Armas y drogas superan controles
El último informe de la ONUDD estima que en 2008 se produjeron 865 toneladas de cocaína pura en Colombia, Perú y Bolivia. Satisfacer la demanda del mercado estadounidense requirió casi 300 toneladas que, descontando confiscaciones, consumo en los países de tránsito y variaciones de pureza, permitió entregar 165 toneladas del alcaloide puro a los usuarios de ese país.
En Europa se consumieron 124 toneladas ese año, y partieron de América del Sur 212 toneladas. Pero en ninguno de esos mercados se militarizó el combate al narcotráfico, como han hecho Colombia y México con apoyo de Estados Unidos.
En cambio, la impunidad no es una constante en Europa ni en Estados Unidos. En Francia o España se sancionan 80 por ciento de los homicidios, mientras en México ese índice es de sólo cuatro por ciento y en lugares como Ciudad Juárez, de uno por ciento.
La súper vigilada frontera también deja pasar armamento. Según la Organización de las Naciones Unidas, al menos 20.000 armas ingresan ilegalmente a México cada año desde Estados Unidos.
Los fusiles de asalto AK-47 y AR-15 que surten a las mafias de México "son en general exportados legalmente de Europa a Estados Unidos, y luego vendidos en forma ilegal y en grandes cantidades a compradores fantasma dentro del país", explica Shirk, "lo que resulta muy conveniente para las organizaciones mexicanas, pues 10 por ciento de los vendedores de armas estadounidenses están cerca de la frontera".
Hugo Almada, investigador de la UACJ e integrante del Observatorio Juarense para la Seguridad Pública y Seguridad Social, lo ve de este modo: "México está poniendo los muertos en una guerra que no nos lleva a nada y que no es posible ganar".
Mientras, la periodista María Idalia Gómez, especializada en crimen organizado, apuntó que "el consumo en México está intocado".
"Bajó un poco el de cocaína, pero se mantienen intactos el consumo de marihuana y de heroína negra. Entonces, ¿de qué guerra estamos hablando?", dijo a IPS Gómez, coautora del libro "Con la muerte en el bolsillo - Seis desaforadas historias del narcotráfico en México". De las 309 toneladas de cocaína que en 2008 se destinaron a los mercados de América del Norte, 17 toneladas se quedaron en México, indica la ONUDD.
¿Inicio de un debate?
Cuando se reunieron el 3 de este mes en Washington, Calderón y su homólogo estadounidense Barack Obama, el primero hizo llegar reproches y reclamos de más asistencia y recursos, y el segundo se comprometió una vez más a combatir "el flujo de armas y dinero".
Pero no se cuestionó la "guerra contra las drogas" ni la Iniciativa Mérida, un paquete estadounidense de asistencia de tres años, dotado con 1.400 millones de dólares para México y América Central, que fue aprobado por el gobierno de George W. Bush (2001-2009) y que tiene muchos puntos de contacto con el Plan Colombia, aplicado desde 2000 en ese país sudamericano que sigue siendo el primer productor mundial de cocaína.
"Nadie sabe qué pasa con la droga una vez que pasa la frontera. Es como un río de m… que va pasando, que no se va a detener y que aquí nos está dejando muertos y adonde llega no", dijo Almada.
"En México no nos toca combatirlo. Si no lo hacen los que tienen el mayor problema de consumo, ¿por qué nosotros sí?", insistió.
Aunque hay grandes operativos como "Tempestad del Sur", las estrategias domésticas de Estados Unidos se dirigen históricamente a cercar a los vendedores al menudeo y a los adictos.
"Es falsa la idea de que castigar a los proveedores y usuarios es efectivo para combatir un gran mercado de drogas ilícitas", afirma el reporte de Shirk que se publicará este mes.
En una encuesta realizada en 2008 por la firma Zogby International y el centro de estudios Inter-American Dialogue, 75 por ciento de los entrevistados dijeron que la "guerra contra las drogas" estaba perdida. Con semejante apoyo público, se suman las voces a favor de un cambio.
"Las últimas iniciativas del Congreso para revisar la estrategia antidrogas indican que los legisladores reconocen" esa necesidad, afirma un documento publicado por el Inter-American Dialogue el mes pasado.
"No se trata ya de que esté bien reclamar la reforma, es irresponsable no hacerlo", dijo a IPS el investigador de políticas antinarcóticos y la región de los Andes, John Walsh, de la Oficina de Washington sobre América Latina.
"No es realista esperar un cambio total de un día para otro", admitió Walsh. "Hay obstáculos reales que no será fácil superar. Pero…, hay más apertura y voluntad de hacer frente a los verdaderos dilemas de la política de drogas".(FIN/2011)
Un modelo computacional creado por Alberto Ochoa, investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), estima que en 2011 se llegará a 5.000 asesinatos si todo sigue como está en la región, donde los cárteles de Juárez y Sinaloa luchan por controlar la ruta de las drogas hacia el principal mercado mundial, Estados Unidos. La violencia es la última y más persistente brecha entre dos urbes que hace apenas unas décadas compartían un intenso intercambio a través del río Bravo.
Esta frontera cada día más vigilada tiene una porosidad selectiva: las drogas siguen pasando hacia el norte, mientras la mortandad asociada al narcotráfico se queda del lado mexicano.
¿Por qué? En Juárez la gente lo explica con simpleza. "Aquí cualquiera puede hacer lo que quiera. En Estados Unidos no, ahí te detienen", dice la periodista local Josefina Martínez.
En la última década, las mafias mexicanas se apoderaron del comercio de la cocaína producida en Colombia, acentuaron su hegemonía en la siembra y distribución de marihuana e incrementaron su capacidad para fabricar drogas sintéticas, lo cual en conjunto sumó a sus ganancias y a su consecuente poder económico y de fuego.
Pero la cifra de homicidios se disparó cuando el gobierno de Felipe Calderón militarizó en 2007 la política antinarcóticos: ya hay más de 35.000 muertos en este país que no está entre los mayores productores ni consumidores de drogas.
"Es un error ver la violencia como si fuera un problema único, aislado, y no como un problema de debilidad del Estado", dijo a IPS el jurista Samuel González Ruiz, que dirigió la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la fiscalía en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) y fue consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
"Todos los gobiernos del mundo gestionan mercados lícitos o ilícitos por acción o por omisión", sostuvo. "La diferencia fundamental es que en México los funcionarios públicos pueden participar en procesos de corrupción, mientras que en otros países funcionan políticas de aplicación del derecho", indicó.
"Piensa en un gran jardín. El de Estados Unidos es verde, verde, verde... hay droga en cada esquina y cada determinado tiempo se poda y vuelve a quedar el pasto parejo. En países como México, el jardín está abandonado, lleno de arbustos, y las raíces crecen y se meten por debajo de la casa hasta que ponen en riesgo los cimientos", describió. Para las mafias, no es buen negocio desplegar la guerra donde están sus clientes.
Vigilancia rigurosa
"Un desborde de violencia, con bandas narcotraficantes llevando su batalla a territorio estadounidense, es un escenario remoto", sostuvo el experto en las relaciones bilaterales David Shirk en un informe especial que está por publicar este mes el estadounidense Council on Foreign Relations.
Estados Unidos destinó enormes recursos en la frontera con México para impedir la inmigración indocumentada y el desborde de violencia, argumenta Shirk en su informe "The Drug War in Mexico: Confronting a Shared Threat" (La guerra de las drogas en México: afrontar un peligro compartido).
Más de 20.000 efectivos de la guardia fronteriza y más de 3.000 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas patrullaron el año pasado los 3.226 kilómetros del límite binacional. Los fondos asignados a estas instituciones llegaron en 2010 a 11.500 millones de dólares y 5.700 millones de dólares respectivamente, casi el doble del presupuesto que tenían en 2004.
"Hoy la frontera tiene una seguridad mayor que la que ha tuvo desde la Revolución Mexicana de 1910, cuando Estados Unidos desplegó la mitad de sus fuerzas militares para protegerse de una posible incursión de grupos insurgentes", apuntaron Shirk y su colega Eric Olson en un comentario publicado el mes pasado para el Immigration Policy Centre.
El 15 de febrero, dos agentes del estadounidense Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Jaime Zapata y Victor Ávila, fueron emboscados mientras se desplazaban por una carretera mexicana. El primero murió y el segundo resultó herido. Y eso dio lugar a una amplia batida en Estados Unidos.
Las autoridades de ese país venían efectuando intensos operativos contra bandas delictivas y narcotraficantes, incluyendo socios estadounidenses de los cárteles mexicanos. Entre diciembre de 2010 y febrero de 2011, en una operación del Servicio de Inmigración y Aduanas, "Proyecto Tempestad del Sur", casi 700 personas fueron detenidas en redadas en 168 ciudades.
Según las autoridades, casi la mitad de esos detenidos tienen conexiones con los carteles mexicanos, entre ellos Los Zetas, presuntos responsables de la emboscada contra Zapata y Ávila.
El operativo permitió confiscar dinero y drogas desde Los Angeles, en el occidental estado de California, y Houston, Texas, en el sur, hasta Newark, estado de Nueva Jersey, en el este. Es en grandes centros urbanos como esos, algunos muy alejados de la frontera, donde se manifiestan los crímenes domésticos vinculados a la droga, bajo la forma de violencia de pandillas.
Pero pese a la inédita movilización de agentes y recursos, no se cumplen las metas de frenar el flujo irregular de personas, dinero, armas y narcóticos.
Armas y drogas superan controles
El último informe de la ONUDD estima que en 2008 se produjeron 865 toneladas de cocaína pura en Colombia, Perú y Bolivia. Satisfacer la demanda del mercado estadounidense requirió casi 300 toneladas que, descontando confiscaciones, consumo en los países de tránsito y variaciones de pureza, permitió entregar 165 toneladas del alcaloide puro a los usuarios de ese país.
En Europa se consumieron 124 toneladas ese año, y partieron de América del Sur 212 toneladas. Pero en ninguno de esos mercados se militarizó el combate al narcotráfico, como han hecho Colombia y México con apoyo de Estados Unidos.
En cambio, la impunidad no es una constante en Europa ni en Estados Unidos. En Francia o España se sancionan 80 por ciento de los homicidios, mientras en México ese índice es de sólo cuatro por ciento y en lugares como Ciudad Juárez, de uno por ciento.
La súper vigilada frontera también deja pasar armamento. Según la Organización de las Naciones Unidas, al menos 20.000 armas ingresan ilegalmente a México cada año desde Estados Unidos.
Los fusiles de asalto AK-47 y AR-15 que surten a las mafias de México "son en general exportados legalmente de Europa a Estados Unidos, y luego vendidos en forma ilegal y en grandes cantidades a compradores fantasma dentro del país", explica Shirk, "lo que resulta muy conveniente para las organizaciones mexicanas, pues 10 por ciento de los vendedores de armas estadounidenses están cerca de la frontera".
Hugo Almada, investigador de la UACJ e integrante del Observatorio Juarense para la Seguridad Pública y Seguridad Social, lo ve de este modo: "México está poniendo los muertos en una guerra que no nos lleva a nada y que no es posible ganar".
Mientras, la periodista María Idalia Gómez, especializada en crimen organizado, apuntó que "el consumo en México está intocado".
"Bajó un poco el de cocaína, pero se mantienen intactos el consumo de marihuana y de heroína negra. Entonces, ¿de qué guerra estamos hablando?", dijo a IPS Gómez, coautora del libro "Con la muerte en el bolsillo - Seis desaforadas historias del narcotráfico en México". De las 309 toneladas de cocaína que en 2008 se destinaron a los mercados de América del Norte, 17 toneladas se quedaron en México, indica la ONUDD.
¿Inicio de un debate?
Cuando se reunieron el 3 de este mes en Washington, Calderón y su homólogo estadounidense Barack Obama, el primero hizo llegar reproches y reclamos de más asistencia y recursos, y el segundo se comprometió una vez más a combatir "el flujo de armas y dinero".
Pero no se cuestionó la "guerra contra las drogas" ni la Iniciativa Mérida, un paquete estadounidense de asistencia de tres años, dotado con 1.400 millones de dólares para México y América Central, que fue aprobado por el gobierno de George W. Bush (2001-2009) y que tiene muchos puntos de contacto con el Plan Colombia, aplicado desde 2000 en ese país sudamericano que sigue siendo el primer productor mundial de cocaína.
"Nadie sabe qué pasa con la droga una vez que pasa la frontera. Es como un río de m… que va pasando, que no se va a detener y que aquí nos está dejando muertos y adonde llega no", dijo Almada.
"En México no nos toca combatirlo. Si no lo hacen los que tienen el mayor problema de consumo, ¿por qué nosotros sí?", insistió.
Aunque hay grandes operativos como "Tempestad del Sur", las estrategias domésticas de Estados Unidos se dirigen históricamente a cercar a los vendedores al menudeo y a los adictos.
"Es falsa la idea de que castigar a los proveedores y usuarios es efectivo para combatir un gran mercado de drogas ilícitas", afirma el reporte de Shirk que se publicará este mes.
En una encuesta realizada en 2008 por la firma Zogby International y el centro de estudios Inter-American Dialogue, 75 por ciento de los entrevistados dijeron que la "guerra contra las drogas" estaba perdida. Con semejante apoyo público, se suman las voces a favor de un cambio.
"Las últimas iniciativas del Congreso para revisar la estrategia antidrogas indican que los legisladores reconocen" esa necesidad, afirma un documento publicado por el Inter-American Dialogue el mes pasado.
"No se trata ya de que esté bien reclamar la reforma, es irresponsable no hacerlo", dijo a IPS el investigador de políticas antinarcóticos y la región de los Andes, John Walsh, de la Oficina de Washington sobre América Latina.
"No es realista esperar un cambio total de un día para otro", admitió Walsh. "Hay obstáculos reales que no será fácil superar. Pero…, hay más apertura y voluntad de hacer frente a los verdaderos dilemas de la política de drogas".(FIN/2011)
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