Egipto, en guerra contra las ONG

                                                  

Newsweek
Por Sarah A. Topol 

Poco después del mediodía del 29 de diciembre pasado, Julie Hughes, directora del Instituto Nacional Democrático en Egipto (NDI, por sus siglas en inglés), recibió una llamada telefónica informando que la Policía había allanado el despacho de la citada ONG estadounidense en el sur del país. Treinta segundos después, más de una docena de hombres, casi la mitad armados con AK-47, irrumpió en las instalaciones cairotas, mientras que otros equipos hacían lo mismo en las oficinas NDI de Assiut y Alejandría. "La logística fue impresionante", recuerda Hughes.

 Conforme los agentes se agolpaban en la oficina, la directora se comunicó de inmediato con el abogado local de la organización y con la embajada estadounidense. Entonces, un hombre con gafas oscuras ordenó que colgara, a lo que Hughes respondió que era una ciudadana estadounidense. "Cuelgue el teléfono o también se lo quitamos", replicó él.

 Los agentes se negaron a revelar el nombre de quien había ordenado el allanamiento, llamándolo solo "el señor fiscal". El personal de NDI fue conducido a la sala de conferencias en tanto que los agresores registraban la oficina y cargaban con archivos, computadoras y teléfonos. Se llevaron el efectivo de la caja de seguridad, así como el equipo para videoconferencias Skype. El asalto duró seis horas y, una vez concluido, los policías preguntaron a Hughes si tenía cajas grandes para llevarse las cosas. 

Ese día fueron allanadas 10 organizaciones de civiles que operaban en Egipto, incluidos el Instituto Republicano Internacional (IRI) y Freedom House —grupos pro democráticos estadounidenses que, al igual que NDI, reciben financiamiento del gobierno de Estados Unidos—. 

El Ministerio de Justicia egipcio inició una investigación sobre las organizaciones y sus empleados fueron interrogados; el interrogatorio de Hughes duró cuatro horas y media. Al menos siete estadounidenses, incluidos Hughes y el director nacional de IRI Egipto, Sam LaHood (hijo del secretario de Transporte de Estados Unidos, Ray LaHood), tienen prohibido abandonar el país. 

A un año del levantamiento que derrocó a Hosni Mubarak, el país sigue sacudido por protestas a favor de la democracia y el gobernante Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) acusa a "manos extranjeras" de los persistentes disturbios. En su búsqueda de chivos expiatorios, el CSFA decidió poner en marcha una extensa averiguación de las organizaciones civiles, mas el ataque contra las organizaciones no gubernamentales, los interrogatorios de ciudadanos estadounidenses y la prohibición de salir del país ha tensado las relaciones entre Washington y El Cairo —amenazando los sacrosantos US$ 1.300 millones en ayuda militar estadounidense de los que depende el CSFA. 

La campaña de difamación contra presuntos agitadores respaldados por el extranjero ha tenido eco en el receloso público egipcio y así, durante el verano, los generales desataron a la Némesis de la financiación exterior y las sociedades civiles: la ministra de Cooperación Internacional Fayza Abul-Naga —de los pocos funcionarios del gobierno de Mubarak que ha logrado conservar su puesto en el actual gabinete—. Desde su nombramiento, en 2004, Abul-Naga ha sido tenaz activista contra las organizaciones pro derechos humanos y sus fuentes de financiación extranjeras, pero jamás había tenido tanta libertad de acción para proceder en su contra. 

La financiación extranjera siempre ha sido un tema delicado para Egipto. No obstante, el allanamiento y cierre de las ONG locales e internacionales pone al CSAF en un curso de colisión sin precedentes contra una nueva legislación estadounidense, la cual condiciona la continuidad de la ayuda militar al compromiso del Ejército egipcio con la transición democrática. "El hecho de que ponga en peligro el apoyo militar representa, inevitablemente, una amenaza muy real para la relación de Estados Unidos con Egipto", señala Stephen McInerney, director ejecutivo del Proyecto para la Democracia en Oriente Medio, en Washington. 

El autoritario régimen egipcio tiene una tormentosa historia con las ONG que operan fuera de su control. En la década de 1990, el gobierno estableció condiciones estrictas para el registro de las ONG, forzando a muchas a inscribirse como empresas cívicas, lo que les volvía vulnerables a la represión cada vez que resultaba políticamente conveniente. Con base en la interpretación que daba el régimen a una ley aprobada en 2002, cualquier grupo que trabajara como sociedad civil y recibiera fondos extranjeros debía someterse a la aprobación del Ministerio de Solidaridad Social o arriesgarse a ser catalogado como "agente extranjero" —cosa que podría ocurrir a los grupos que se encuentran hoy bajo investigación. 

Al principio, Washington solicitó la aprobación del gobierno egipcio para identificar las ONG que podía financiar; pero en 2004, el Congreso concluyó que la asistencia estadounidense no debe sujetarse a la autorización de El Cairo. En consecuencia, a partir de 2005, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) comenzó a distribuir "subvenciones directas" a las ONG de Egipto, registradas o no, provocando violentas argumentaciones por parte de Abul-Naga acerca de la soberanía nacional. 

Cuando el presidente Barack Obama inició su mandato, decidió corregir las relaciones con diversos países de Oriente Medio. "Durante la transición, el gobierno de Egipto propuso, en privado... [que] algo que [Washington] podía hacer para mejorar las relaciones era retomar el anterior sistema de subvenciones para las ONG", informa Michele Dunne, directora del Centro Rafik Hariri para Oriente Medio, dependencia del Consejo Atlántico en Washington y antigua especialista en asuntos medio orientales del Departamento de Estado y la Casa Blanca. 

La nueva administración estadounidense cedió y en marzo de 2009 comenzó a financiar solo a las ONG registradas –mas otros pequeños organismos financiadores de Washington, como la Oficina para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, siguieron subsidiando grupos no registrados, aunque con muchos menos fondos. 

En el corazón de la polémica de las ONG se encuentra Abul-Naga, a quien muchos consideran la arquitecta de la actual represión. Descrita como una mujer de tremenda inteligencia y profundamente comprometida con lo que algunos consideran una venganza personal, se dice que la ministra de Cooperación Internacional —y antigua embajadora en la ONU, versada en la forma como operan los grupos de derechos humanos en el extranjero— 

es fiel devota de Mubarak; de hecho, ella misma fue blanco de las ONG durante su campaña parlamentaria de 2010, cuando la acusaron de comprar votos. De momento, Abul-Naga parece gozar de influencia con el CSFA gracias a que, durante años, presionó porque la ayuda estadounidense se desviara hacia una fundación administrada por el gobierno, la cual distribuiría los fondos a su criterio (el Ministerio de Cooperación Internacional se negó a comentar para este reportaje). 

Sin embargo, tras el levantamiento que derrocó a Mubarak, la USAID volvió a distribuir fondos a las ONG no registradas en un esfuerzo por formar parte de la futura democracia en Egipto —medida que antagonizó Abul-Naga—. Entre tanto, la luna de miel revolucionaria con el CSFA terminó a pocos meses de la caída de Mubarak y, ahora, los generales de Egipto son cada vez más criticados por organizaciones de derechos humanos debido a su ley de emergencia nacional y al uso de juicios militares para la población civil. Conforme crecían de punto las protestas cairotas, los grupos pro derechos humanos exigieron la renuncia del consejo gobernante para enjuiciar a sus integrantes por abuso de poder y matanza de manifestantes; pero el hecho de que esos y muchos otros grupos recibieran financiación del extranjero, terminó por enfurecer a los regentes egipcios. 

Y de esa guisa, el régimen contraatacó. En julio, Abul-Naga anunció la creación de un comité para investigar "la financiación extranjera directa de ONG no registradas, ya sean egipcias o extranjeras operando en Egipto", según un informe de Human Rights Watch (HRW). A continuación, los 39 bancos que operan en el país (nacionales y extranjeros) recibieron la orden de informar al Banco Central y al Ministerio de Solidaridad Social sobre operaciones en cuenta de las ONG no registradas, y verificar si dichos grupos estaban autorizados por el ministerio para recibir fondos. 

A mediados de septiembre, el gabinete anunció que un informe del Ministerio de Justicia había identificado más de 30 ONG no registradas que recibían fondos extranjeros no autorizados —delito que, bajo la ley egipcia, conlleva la pena de prisión, según HRW. 

Las acciones del CSFA no pasaron inadvertidas para Washington y, en diciembre, el Congreso revisó su ley de asignaciones anuales para incluir nuevas condiciones para la ayuda militar egipcia: a fin de liberar los fondos, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, debía certificar que "el gobierno de Egipto apoya activamente la transición a un gobierno civil, incluyendo la celebración de elecciones libres y justas; la implementación de políticas para proteger la libertad de expresión, asociación y religión; y el debido proceso de la ley". 

Poco después, comenzaron los ataques. 

La violencia de la represión sugiere que las inquietudes de Abul-Naga respecto de las ONG han encontrado profundo eco en el CSFA. "Toda ayuda para la democracia y la gobernabilidad [debe] fluir hacia el establecimiento de un sistema verdaderamente democrático donde, eventualmente, los militares queden bajo el control civil y sean responsabilizados de sus actos", sentencia Dunne. "Me parece que la situación actual pretende enviar un mensaje a Estados Unidos: ‘No crean que pueden obligarnos a caminar en esa dirección. No vamos a retirarnos tranquilamente’". 

La ayuda estadounidense para Egipto se agotará en marzo y, según los expertos, es poco probable que Washington pueda certificar el cumplimiento antes de esa fecha, a menos que el CSFA y Abul-Naga cambien drásticamente de rumbo. Mientras tanto, Obama y el secretario de Defensa, Leon Panetta, se han comunicado con el jefe del CSAF para pedir que permita viajar a los estadounidenses y hablar sobre la ayuda. La semana pasada el ministro de Justicia egipcio rechazó una carta de la embajadora estadounidense Anne Patterson, en la cual solicitaba que levantara la prohibición de viajar —cosa que, al cierre de esta edición, no había ocurrido. 

"Nuestro trabajo es asegurar el éxito de Egipto. Nuestro interés es colaborar con los egipcios para crear un país incluyente, seguro y democrático. En vez de eso, estamos atrapados en una situación lamentable donde la sociedad civil, componente crítico de 

la democracia, se encuentra constreñida", comenta un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto. 

Los observadores opinan que el verdadero problema no es el ataque a las organizaciones estadounidenses, sino que la agresión va dirigida a quienes pretenden responsabilizar a los líderes egipcios. "El problema es el enfoque, el cual pone en riesgo a toda la comunidad de derechos humanos", dice Heba Morayef, investigadora de Human Rights Watch en Egipto. "Una vez puesta en marcha la investigación... todas esas organizaciones se vuelven vulnerables". 

Aun si Egipto libera a los estadounidenses, la continuada represión de los grupos pro derechos humanos dificultará que Hillary Clinton consiga la autorización del Congreso para la ayuda militar. Aunque Washington podría postergar la financiación durante varios meses o ejercer una exención para proyectos seleccionados, será difícil proceder si la situación continúa deteriorándose. 

Sarah A. Topol es una reportera establecida en El Cairo.