DE AGUJAS A ARADOS

Foreign Policy
Oliver Kaplan y Michael Albertus


¿Queremos combatir el problema de las drogas en Latinoamérica? ¿Por qué no intentar una reforma agraria?

Luis Acosta/AFP/Getty Images

Latinoamérica tiene muchas cosas de las que enorgullecerse. En los últimos años, muchos países de la región han logrado establecer instituciones democráticas y estimular el crecimiento económico. Pero sigue habiendo graves desafíos. América Latina posee los mayores niveles de desigualdad del mundo, y sufre numerosas amenazas contra la seguridad, entre ellas, la terrible guerra contra el narcotráfico en México, la violencia de las bandas y el tráfico de personas en Centroamérica y la persistencia del crimen.

Muchos de estos problemas están relacionados con la producción de drogas en Colombia, alimentada por decenios de conflicto durante los que varios grupos armados ilegales se han apoderado de tierras para usos ilícitos y han desplazado a millones de campesinos. Los líderes de la región  mantienen un debate cada vez más intenso sobre formas alternativas de abordar la guerra contra las drogas y los grandes problemas de seguridad que ha creado, una conversación que también ha tenido hueco en el orden del día de la Sexta Cumbre de las Américas, en Cartagena, el 14 y 15 de abril.

Es probable que en la mente de todos esté una iniciativa reciente de Colombia: su innovadora Ley de víctimas de 2011, que ofrece compensaciones en forma de tierras para las víctimas de los 50 años de guerra civil en el país. Cuando el presidente Juan Manuel Santos llegó al poder en 2010, tuvo el valor de apoyar esta estrategia para llamar la atención sobre los que han sufrido a causa de la guerra y saldar lo que denominó “una deuda histórica con los campesinos”. La ley incluye indemnizaciones y títulos de propiedad de tierras para las víctimas del conflicto armado, incluidos los desplazados de sus tierras originales. El alcance propuesto no tiene precedentes: se calcula que cuatro millones de personas podrán recibir compensaciones y 350.000 familias tienen derecho a reclamar alrededor de dos millones de hectáreas de tierra.

La Ley de víctimas tiene enormes ramificaciones posibles, dado que la ambigüedad y la controversia sobre los derechos de propiedad que ocupan el corazón del conflicto colombiano no son exclusivos de dicho país. La expansión de las tierras de cultivo en Brasil está llena de conflictos, igual que la promoción de nuevos asentamientos en Bolivia y Ecuador cerca de comunidades indígenas y las actuales expropiaciones e invasiones de tierras en la Venezuela de Chávez. Los campesinos de Paraguay y Honduras están presionando para que se lleve a cabo una redistribución y una invasión de latifundios de propiedad dudosa, con las consiguientes amenazas y actos violentos contra los activistas.

El trazado claro de lindes y la legalización de los títulos de propiedad son los primeros pasos fundamentales que pueden dar los gobiernos para resolver estos problemas. La legalización ayuda a prevenir las disputas entre propietarios y también puede contribuir a sacar a los campesinos de la pobreza, al ofrecer incentivos para plantar e invertir en tierras y facilitar el acceso al crédito con unos bienes –las tierras– que sirven de garantía. Pero la legalización, por si sola, no es suficiente. La concesión de títulos de propiedad de tierras a las víctimas de los desplazamientos y los habitantes marginados de zonas rurales también forma parte importante de la solución a los problemas estructurales que producen inseguridad en el campo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo rebelde del país, que está también involucrado en el narcotráfico, llevan mucho tiempo jugándose su reputación con la promesa de la reforma agraria. (La fotografía superior muestra a familiares de personas secuestradas por las FARC en una manifestación en Bogotá el 4 de abril).

			El reparto de tierras y la concesión de títulos de propiedad según la Ley de víctimas proporciona una manera de debilitar la dinámica que da vida a los grupos insurgentes

El reparto de tierras y la concesión de títulos de propiedad según la Ley de víctimas proporciona una manera de debilitar la dinámica que da vida a los grupos insurgentes. En un discurso ante los primeros beneficiarios de la distribución de tierras en virtud de la nueva ley, el pasado mes de enero, el presidente Santos declaró que la nueva ola de reformas agrarias “quitará el discurso a los insurgentes” y eliminará los resentimientos sociales que contribuyen a reclutar rebeldes y reunir apoyo popular.

Compartimos el optimismo de Colombia sobre el programa de restitución, pero también cautela de que las experiencias pasadas sirvan de guía para el presente. La historia de la reforma agraria en Colombia está llena de carga política. En los 60 hubo un ambicioso programa de títulos de propiedad que se paralizó y no se implantó en serio más que en unas cuantas áreas concretas. Más tarde, la resistencia y las contrarreformas de los grandes terratenientes y los grupos paramilitares que desplazaban a los campesinos de sus tierras contribuyeron a la actual demanda de reparaciones.

Las investigaciones que hemos realizado sobre la influencia que tuvo la reforma agraria en las actividades rebeldes en el plano municipal entre 1960 y 2000 indican que, en la mayor parte de Colombia, las reformas no acallaron la rebelión. Al contrario, agudizaron las disputas y los sentimientos de agravio relacionados con las tierras. Solo en unas cuantas zonas concretas, gracias a la concesión masiva de títulos de propiedad y el apoyo constante del Estado, pudieron resolverse de manera más definitiva las disputas y se redujo el apoyo a los insurgentes. Eso solo se logró, en total, en el 5%, aproximadamente, de los municipios de Colombia. En otras palabras, robar el discurso a los insurgentes no será fácil.

Las autoridades colombianas, desde luego, son conscientes de que la restitución de tierras a tantas víctimas va a toparse con numerosos obstáculos técnicos, burocráticos y políticos. A pesar de las recientes mejoras en materia de seguridad y las operaciones contra grupos rebeldes y criminales, las amenazas contra el programa de tierras no son ningún secreto. Ya han muerto asesinados varios abogados de tierras destacados a manos de bandas criminales y grandes terratenientes que se oponen a la reforma.

En la cumbre se ha podido presumir, con razón, de cómo ha progresado Latinoamérica. Pero todavía quedan retos importantes, derivados de un legado de conflictos, desigualdades e intereses arraigados de las clases dirigentes. Con la Ley de víctimas, Colombia está intentando sentar ejemplo de cómo seguir avanzando. Una buena política agraria puede dar un empujón a los ciudadanos corrientes y mejorar la seguridad en la vida diaria de los colombianos. También puede tener repercusiones positivas en toda la región, como modelo de buena gobernanza y como posibilidad de eliminación del problema de la droga, que crea conflictos en todos los países de la zona. Con tantas cosas en juego en la región y con los miles de millones de dólares que Estados Unidos da a los colombianos en concepto de ayuda, confiamos en que el presidente Obama y sus homólogos latinoamericanos ofrezcan su más enérgico apoyo a los esfuerzos reformistas de Colombia.