Revista Nueva SociedadEn el comienzo de un crucial año electoral, con la popularidad y credibilidad en picada, Chávez ha procedido a otra de sus conocidas fugas hacia delante. Con el anuncio explícito de la toma de “decisiones radicales”, el presidente procedió a hacer frente a una creciente protesta estudiantil contra el cierre injustificado de RCTV Internacional y al descontento generalizado, debido al racionamiento de la electricidad y la falta de agua.
Con este propósito, el gobierno no encontró otro recurso a la mano que el de someter a la población a su recurrente estrategia del miedo, que en el pasado le diera significativos resultados. La elección de un nuevo parlamento el próximo 26 de Septiembre acorta los tiempos del momento bolivariano.
De modo tal que para los venezolanos de todas las tendencias, Enero ya parece Julio y, en tal sentido, gobierno y oposición comienzan por disponer sus baterías hacia la conquista del poder en territorio adverso o enemigo según los casos. En el desarrollo reciente del “experimento bolivariano”, unos cuantos fracasos en la política interna como en la exterior dan base para pensar hoy en día en la posibilidad de lo que el Washington Post y The Economist asumen, cada uno por su lado, como el “derrumbe de la revolución de Hugo Chávez” o el “cambio de rumbo hacia el autoritarismo”.
En efecto, no faltan razones para advertir que nos encontramos frente al declive profundo de un proyecto que se ofreció a América Latina y al mundo como el esfuerzo popular y colectivo orientado hacia la transformación del sistema político, etapa previa de una gran “revolución” social. En momentos en que el 66% de los venezolanos ha manifestado su deseo de que el titular del poder no siga en el gobierno después de cumplido su mandato en 2012, las alarmas en el territorio chavista se han puesto en funcionamiento y, con ello, la eventualidad de un “cambio de régimen” resulta más viable que nunca antes en el pasado reciente.
El despliegue de una crisis interna multidimensional ya era evidente en la nueva relación de fuerzas que se establece desde fines de 2009, año del descenso de la renta petrolera, por una parte, y de relanzamiento de las fuerzas de la oposición democrática, por otra. La profundidad de esa crisis se reveló a las claras tanto en el anuncio presidencial de la devaluación del bolívar –“viernes negro” de la revolución- como en la incapacidad gubernamental para manejar el inevitable malestar colectivo, producto del alto nivel de inseguridad (97% de los delitos cometidos en el país quedan impunes), de la inflación acumulada durante los once años de gobierno (733%, la más alta de América Latina) y el evidente deterioro de los servicios públicos.
En el plano externo, el aislamiento internacional que se sigue luego de continuos fracasos de la política exterior bolivariana (Honduras, Colombia y Chile), empeñada en fortalecer un frente común de países contra el “imperialismo” norteamericano (promoción de la ALBA y alianza con Irán), puede convertirse en el detonante de una situación inmanejable en el futuro próximo, en circunstancias tales que Chávez y el chavismo en el poder comienzan a verse afectados por una crisis extendida de su propia legitimidad.
Esta crisis de legitimidad de la revolución bolivariana no tiene precedentes en la pasada década. Y, hasta debería sostenerse que se trata de una nueva situación en la que la popularidad de las banderas de la revolución -desde el indeterminado proyecto de “socialismo del siglo XXI”, que hoy en día parece haber perdido sus impulsos originales, hasta la evidente reducción del carisma presidencial-, se ha visto reducida por un innegable desgaste gubernamental, particularmente manifiesto en las encuestas de opinión más recientes (68% de la población está en desacuerdo con las medidas de nacionalización y expropiación de empresas y haciendas y 64% está conciente de que el gobierno de Chávez amenaza la libertad de expresión). Y es que, frente a las contingencias electorales del presente año, el escenario se presenta cargado de riesgos y peligros para la revolución.
¿Cómo responden Chávez y el chavismo en el poder a este nuevo desafío? Si partimos del hecho de que el proyecto revolucionario se fundamentó en una vaga promesa de redención de los pobres, de superación de la sociedad excluyente del pasado (actualmente, 9 millones de venezolanos están en situación de pobreza y 3 millones de ellos en situación crítica), en fin, de erradicación de la corrupción en una “nueva” sociedad de bienestar, entonces debemos concluir que la promesa bolivariana constituye en nuestros días una fórmula hueca, que ha perdido definitivamente su contenido identificador y movilizador de un amplio sector social.
Ahora bien, ¿hacia dónde apunta el llamado presidencial a la radicalización del proceso de cambio revolucionario? Once años después de una ineficiente gestión de la política pública (un total de 157 cambios de ministros, unos cuantos han rotado por varios despachos), el así llamado “proceso” de transformación luce desconectado de las nuevas realidades.
Así, unos cuantos escándalos de corrupción que involucran a otros tantos estrechos colaboradores del gobierno (entre los 180 países evaluados por Transparencia Internacional en 2009, Venezuela ocupa el puesto 162) y bien determinados cambios y renuncias en el equipo gubernamental –un economista para el ministerio de Energía Eléctrica y un ingeniero eléctrico para el ministerio de Finanzas- representan, a fines de Enero, la voluntad de contrarrestar los efectos de la protesta generalizada de una población desencantada con la promesa incumplida del Chávez en el poder (sólo el 27% se siente identificada con la causa chavista).
En su discurso a la nación ante la Asamblea Nacional, Chávez se declara marxista –a la manera de Fidel en los sesenta-, confesando de paso que aún no ha leído El Capital, recomendando a sus ministros y seguidores más inmediatos la lectura de El Estado y la revolución de Lenin. Y es que, frente a las crecientes dificultades, la retórica izquierdista de corte autoritario, como en la Cuba de Castro, todavía puede servirle a Chávez para justificar, si no para ocultar, su propensión despótica ante una sociedad que, aparentemente, se ha quedado sin opciones, moviéndose entre la frustración y el desencanto.
Apoyándose en un “autoritarismo electoral”, que le ha servido para imponerse holgadamente en los comicios y referendos en los pasados once años, Chávez vive en el convencimiento de que en Venezuela no existe alternativa viable a su conocido proyecto de poder personal: “No es que yo sea un hombre indispensable para un pueblo –afirmó a fines de 2008-, sólo que hay momentos para la vida de un pueblo y en este momento histórico, a mi me cuesta decirlo, pero la presencia del líder de la revolución es indispensable”.
Chávez se niega a aceptar el hecho de que, después de su derrota electoral de Diciembre de 2007 (Referendo sobre la reforma constitucional), su movimiento ya no cuenta con la mayoría necesaria para adelantar en su política “revolucionaria” de desmantelamiento institucional de la democracia (61% de la población está conciente de que el gobierno de Chávez amenaza la democracia). La derrota previsible del chavismo en las elecciones parlamentarias del próximo septiembre, como lo anuncian los sondeos de opinión más recientes, podría marcar el comienzo del ocaso de la “revolución bolivariana”, con consecuencias sociales y políticas que van más allá del ámbito venezolano.
De aquí que la amenaza presidencial de “radicalización” no anuncie otra cosa que la adopción de medidas represivas para detener la protesta, en las calles y en los medios, de una vigorosa oposición, que ahora incluye a los desengañados seguidores (trabajadores y habitantes de las zonas deprimidas de las grandes ciudades) en el seno de lo que se venía identificando como su electorado cautivo. La opción opositora del debilitado partidismo se mueve en nuestros días cautelosa, ante lo que considera una actitud provocadora del gobierno de Chávez, al parecer decidido a fomentar la polarización, terreno en el cual Chávez lleva todas las de ganar.
La existencia de un vasto sector del electorado no identificado con Chávez ni con la oposición (alrededor del 55%) traduce el significativo abandono de las posiciones radicales del chavismo en el poder, inclinando las preferencias electorales hacia los candidatos de la oposición anti-chavista, independientemente de su alineación partidista, izquierda y derecha confundidas.
En este sentido, la estrategia chavista luce a la defensiva y al gobierno no le han faltado razones para tomar la iniciativa ante una segura pérdida de su fuerte mayoría en la Asamblea Nacional –hace tiempo que la Constitución bolivariana de 1999 se convirtió en una constitución fachada-. Así, una nueva Ley Electoral que, abandonando la representación proporcional establecida en la Constitución vigente, reconstruye las circunscripciones electorales, particularmente aquellas donde la oposición se anotara avances significativos en los años recientes, no tiene otro propósito que el de reducir al mínimo las seguras victorias de la oposición.
En el nuevo sistema, la fracción más grande o “primera minoría” se “lleva todo”, dejando al resto sin representación. Esta medida favorecería a los candidatos del chavismo, siempre y cuando se repitan los resultados de la enmienda constitucional de febrero 2009. En el escenario electoral actual no se descarta el crecimiento potencial del voto castigo. En todo caso, la estrategia de Chávez no excluye la suspensión sine dia de las elecciones parlamentarias del próximo septiembre. Lo que para propios y extraños representaría una acción golpista. Entre las salidas que baraja el gobierno personal de Chávez también se encuentra la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyente.
En su empeño por defender el amplio espacio donde ejerce sus pretensiones hegemónicas –el latifundio mediático del chavismo comprende 7 televisoras de alcance nacional, incluyendo Telesur y 35 televisoras abiertas comunitarias; Radio Nacional de Venezuela, la cadena YVKE y 231 emisoras comunitarias de radio operando en frecuencia modulada; una agencia nacional de noticias y 73 periódicos comunitarios- el régimen bolivariano no se ha detenido hasta aquí en el despliegue de acciones represivas hacia la movilización estudiantil y juvenil, incluyendo la presión y amenazas a los limitados medios de la oposición (En la televisión por cable queda solamente Globovisión y unas pocas televisoras regionales privadas), y la promoción de la autocensura. Ello viene vinculado con el franco retroceso de Chávez en aquellos sectores sociales que al parecer tenía hasta hace poco bajo estricto control.
Asimismo, la militarización del régimen no constituye un fenómeno nuevo (hoy en día, 2.300 militares ocupan cargos en la administración pública). La vocación autoritaria de Chávez siempre lo inclinó a favorecer un mayor protagonismo político de la así llamada Fuerza Armada Bolivariana (el gobierno ha gastado 8.000 millones de dólares en la compra de armamento), manteniendo la dirección y movilización populista de la masa disponible en el campo y la ciudad con el recurso al mensaje revolucionario de una vida mejor “bajo el socialismo”. Esto ya no es así.
La creciente cubanización o entrega de la soberanía a Cuba por el gobierno de Chávez también resulta decisiva en la nueva relación de fuerzas: funcionarios del gobierno cubano están presentes en la FANB y los organismos de inteligencia, notarías y registros y hasta en los organismos de identificación e inmigración. Unos cuantos ministerios como los de Salud y Educación y otras tantas gobernaciones chavistas cuentan con “asesores” cubanos, desafiando cualquier sensibilidad nacionalista de los mismos colaboradores del régimen (sólo 9% de los venezolanos adhiere al modelo cubano).
La militarización y cubanización del régimen bolivariano encuentra, como hemos visto, resistencias extendidas más allá de la oposición anti-chavista. Y, tanto la búsqueda de solidaridades externas (el 83% de los venezolanos rechaza las donaciones a otros países, que hasta hoy superan los 60.000 millones de dólares), como el intento sostenido por hacerse con un liderazgo político con pretensiones continentales, han terminado por dejar en el camino la promesa bolivariana de empoderamiento del pueblo, movilizado este último por expectativas revolucionarias que nunca superaron los límites de la retórica populista.
Y es que, desde su ascenso al poder en 1999, Chávez siempre representó una amenaza real de “quiebra de la democracia”. O, para decirlo con otras palabras, el proyecto de Chávez y del chavismo en el poder se inscribió desde sus orígenes en la lógica de legitimación autoritaria. Allí están los resultados.
*Politólogo venezolano. Director del Centro de Investigaciones de Política Comparada, Universidad de Los Andes (Mérida). Autor de El experimento bolivariano. Liderazgo, partidos y elecciones (CIPCOM, 2009).
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