viernes, 17 de abril de 2009

El cazador que terminó cazado


Por Juan Pablo De Santis
Newsweek.-Alberto Fujimori se convirtió en el primer presidente constitucional en ser juzgado y encarcelado por violaciones a los derechos humanos. El ex mandatario de Perú deberá cumplir 25 años de prisión por ser responsable de 25 homicidios calificados agravados por alevosía y 2 secuestros. Sin embargo, después de la sentencia —dictada la semana pasada— miles de personas salieron a las calles de Lima a pedir por su libertad y 3 de cada 10 limeños afirma que comulga con las ideas políticas del fujimorismo.

Durante los diez años que Fujimori ejerció como presidente, entre 1990 y 2000, utilizó la política para convertir a Perú en un coto de caza de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que produjo más de 25.000 muertes en todo el país. La violación sistemática del derecho humano internacional fue uno de sus medios más comunes utilizados para terminar con la violencia política. Aunque también su período al frente del poder estuvo caracterizado por sucesivos escándalos de corrupción que fueron de la mano con su asesor Vladimiro Montesinos.

Fujimori llegó a la presidencia el 28 de julio de 1990 después de una campaña que apeló al clientelismo político, canciones compuestas en su honor y de autodenominarse “el Chino”, tal como inicialmente fue llamado por muchos de sus seguidores. Este último hecho es particularmente curioso ya que es hijo de inmigrantes japoneses. Sus presentaciones en barrios humildes donde se meneaba al son de ritmos populares luciendo vestimentas típicas se habían convertido en un espectáculo recurrente del periodismo.

A un año y siete meses de tomar el poder, Fujimori apareció por televisión la noche del 5 de abril de 1992. Anunció que él mismo había constatado una intentona destituyente y que, para salvaguardar la democracia, debía tomar una actitud de excepción: “disolver el Congreso”, repitió dos veces. También anunció que reestructuraría al Poder Judicial y la Controladuría General de la República.Fujimori no contaba con mayoría legislativa, por eso eliminó la institución que da sentido a cualquier república, acusándola de no ser funcional a la lucha contra el terrorismo.

Así logró que en 1993 se sancionara una nueva Constitución, que aumentaba el poder presidencial (y disminuía el legislativo) y recortaba los controles sobre las instituciones del Estado.El 5 de abril Fujimori encabezó un “autogolpe” acompañado por oficiales del Ejército que no dudaron en sacar las tanquetas a la calle.

Al día siguiente, contra lo esperado, casi no se registraron manifestaciones en la calle y en poco más de una semana la imagen positiva presidencial se disparó por encima de los 80 puntos.Sin embargo, uno de los picos de popularidad lo alcanzó cinco meses después, cuando el 12 de septiembre la inteligencia militar capturaba sin disparar un solo tiro a Abimael Guzmán, jefe máximo de Sendero Luminoso.

Fujimori habló por los medios presentando a Guzmán como un psicópata. Dos semanas más tardes, el gobierno organizó una escandalosa presentación de Guzmán ante la prensa. La cita fue en un edificio público donde el preso apareció dentro de una jaula vestido con un pijama de rayas negras y blancas al estilo presidiario. Todo esto después de que la reja que lo contenía fuera descubierta de un telón azul y amarillo que la cubría.

La exhibición romana rozó lo grotesco, fue repudiada por organismos internacionales de derechos humanos y dio el puntapié inicial para el desgaste progresivo de la estructura de Sendero. De hecho, durante el juicio que se siguió a Fujimori, el ex asesor de inteligencia Rafael Merino Bartet reveló que el ex presidente había redactado un borrador de un decreto ley para ordenar el fusilamiento de Guzmán y otros cabecillas terroristas.

El texto, que contaba con correcciones manuscritas de Fujimori, fue entregado al tribunal por el denunciante.Durante el golpe, los canales de televisión nacionales fueron tomados por los militares y las ediciones de los periódicos eran requisadas por oficiales para controlar qué información sería publicada. Otros mantenían suculentos arreglos económicos con el Gobierno.Por presión internacional, Fujimori reorganizó el Estado con una Constitución a su medida, donde la suma de poder no le imponía límites en su lucha contra Sendero Luminoso.

Estas intenciones recibieron el 52% de los votos en el referéndum que organizó el Gobierno para su aprobación.Después de aquel impasse, las fuerzas de seguridad del Estado comenzaron a hacer uso frecuente de las detenciones arbitrarias y la tortura, además de largas estadías en la cárcel para presuntos “sospechosos” de actividades subversivas sin ningún proceso legal. No obstante, también se había instaurado la figura de “jueces sin rostro”, donde magistrados anónimos y encapuchados aplicaba sentencias en procesos que violaban normas elementales del debido proceso.

A finales de la década del ‘90, en las Naciones Unidas se registraba más de 5.000 casos de desapariciones forzadas en Perú que jamás fueron investigadas.El afán de exterminar el terrorismo había llevado a Fujimori en 1991 a vigorizar el fortalecimiento de grupos armados rurales civiles, las “Rondas Campesinas”, que estaban dispuestas a combatir a Sendero Luminoso. Aquel año, en el departamento de Junín, el Gobierno peruano entregó a población civil parte de las 10.000 escopetas Winchester de 6 tiros y 1.000 camiones para aportar a los —en su mayoría— campesinos poder de fuego y logística.

Todas las violaciones a los derechos humanos fueron observadas en reiteradas oportunidades por Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero faltando menos de un año para el fin de su segundo mandato, Fujimori impulsó una segunda camada de decretos legislativos que esta vez tendrían por objeto combatir la “delincuencia común”. Estas reglamentaciones ejecutivas comenzaron con la militarización de la Justicia y la baja en la edad de imputabilidad. Los menores de entre 16 y 18 años podían ser juzgados por tribunales militares.Fujimori libró una acción de gobierno contra la violencia política donde claramente el fin que perseguía podía justificar cualquier medio.

El 13 de julio de 1995 el Congreso peruano aprobó la Ley de Amnistía General, la cual, impulsada por el Poder Ejecutivo, concedió un perdón general a todos los miembros de fuerzas de seguridad denunciados, procesados y/o condenados por cualquier hecho criminal derivado de la lucha contra el terrorismo a partir de 1980.

Precisamente esta ley había dejado en libertad a los miembros del escuadrón Colina que habían protagonizado las llamadas matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, las mismas por las que el 7 de abril pasado Fujimori fue hallado culpable y condenado a un cuarto de siglo tras las rejas.

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