EE UU empleó técnicas de tortura tras los atentados del 11-S

EL PAIS 
EVA SAIZ

Un estudio publicado este martes por la organización independienteConstitution Project, concluye que los interrogatorios y los programas de detención que Estados Unidos desarrolló tras los atentados del 11-S constituyen, “de manera irrefutable”, actos de tortura. El documento también asegura que la Casa Blanca tenía conocimiento de esas prácticas y es la última responsable por haberlas amparado.

Aunque el informe reconoce que EE UU ya había empleado métodos violentos en otros conflictos, puntualiza que “nunca antes las discusiones sobre la legalidad, la conveniencia o la sensatez de infligir daño y torturas a los prisioneros o detenidos habían involucrado a la presidencia o a los altos mandos del país como después de los atentados del 11-S”.

El estudio es una de los análisis más serios y completos de las prácticas ordenadas por la Administración Bush tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. El informe es el fruto de un trabajo de más de dos años, que comenzó cuando el presidente Barack Obama declinó investigar las técnicas de interrogatorios y los programas de detenciones autorizados por su predecesor y que ha sido liderado por dos excongresistas, el republicano, Assa Hutchinson, y el demócrata, James Jones, así como generales retirados, jueces, abogados y profesores universitarios.

Los cuestionados métodos empleados por la CIA tras el 11-S, su calificación como torturas o su inclusión dentro de la legalidad, al haber declarado EE UU una guerra contra el terrorismo, han sido objeto de un encendido debate en la última década, tanto fuera como dentro de los muros del Capitolio. Constitution Project concluye, no sólo que el ahogamiento simulado, la privación de sueño o los encadenamientos en posturas incómodas, no sólo son actos de tortura “injustificables”, sino que no fueron eficaces. “No hay evidencias que constaten que el empleo generalizado de estos métodos hayan facilitado información de valor o verdaderamente útil”.

Aunque este es el primer estudio independiente que aborda los mecanismos de tortura empleados durante la presidencia de Geroge W. Bush, no es el único informe que analiza las prácticas empleadas por la CIA. El Comité de Inteligencia del Senado tiene otro documento de más de 6.000 páginas, elaborado por la propia Agencia federal, sobre los métodos empleados tras los atentados del 11-S en los interrogatorios y en sus centros de detenciones. La diferencia entre ambos textos, además de que este segundo sea secreto, es que el de Constitution Project se basa en entrevistas y visitas a Guantánamo, las prisiones militares de EE UU en Afganistán e Irak y los centros de detención ocultos de la CIA, mientras que el que obra en poder del Senado se ha elaborado exclusivamente en información clasificada de la Agencia de Inteligencia.

El documento que se ha conocido este martes incluye entrevistas con Albert Shimkus, el primer comandante al cargo del hospital de Guantánamo, Christophe Girod, uno de los primeros responsables de del Comité Internacional de Cruz Roja en la misma base de EE UU en Cuba o tres miembros de la insurgencia libia que ayudaron a derrocar el régimen de Muamar el Gadafi.

El estudio cita el caso de Alberto Mora, miembro de la Armada, uno de los primeros oficiales en mostrar sus reparos ante las técnicas de interrogación empleadas. Mora preguntó a John Yoo, miembro del la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia, si el presidente tenía facultades para ordenar que un detenido fuera torturado. “Claro que puede autorizar torturas”, le respondió Yoo, de acuerdo con el informe. “Yoo indicó que la pregunta sobre el uso de esos métodos no era tanto una cuestión legal como política”, señala el documento.

Aunque el informe analiza en mayor profundidad las técnicas autorizadas durante la Administración Bush, no escatima las críticas hacia algunas de las decisiones del actual Gobierno, en concreto, su decisión de no hacer públicas las investigaciones sobre los métodos utilizados por la CIA, alegando “razones de seguridad nacional”.