Miguel Ángel García Vega
Pese al intento de controlar estos territorios por la comunidad internacional, aún son un riesgo para la estabilidad económica del mundo.
“La lucha contra los paraísos fiscales es una batalla perdida”
No, es una pelea difícil pero no imposible. Los paraísos fiscales llevan varios años en los que han visto restringida su capacidad de acción, primero por la presión de la OCDE y luego por la de la Unión Europea (Nicolas Sarkozy y Angela Merkel han sido especialmente beligerantes en este tema), ya que albergan dinero que no solo se escapa al control de las autoridades fiscales sino a las policiales y antiterroristas. Y esto es entrar en otra liga.
Los ataques del 11-S en Nueva York fueron el punto de no retorno de esta situación. Y es paradójico porque en el fondo este hecho nos cuenta que la amenaza física o de seguridad sí se entiende como un problema que exige una reacción inmediata por parte de los gobiernos, mientras que la amenaza económica (que muchas veces explica la física) necesita de bastante tiempo para ser percibida como tal.
Es evidente que, por primera vez en la historia, las grandes potencias globales al menos se han planteado el fin de su opacidad. Pero como está resultando muy difícil, han optado por un objetivo más asumible: limitar su capacidad de maniobra. “Hoy todos los paraísos están siendo obligados a declarar quiénes son sus clientes. Algunos ya lo hacen, otros todavía no, pero esta obligación será imparable”, reflexiona el consejero delegado de uno de los principales bancos españoles que pide no ser citado.
Tal vez ese sea el futuro, pero el presente es bien distinto. La OCDE ha impedido que se permitan las denominadas fishing expeditions (una de las grandes reivindicaciones de los encargados de perseguir estos capitales ilícitos). O sea, la solicitud a bancos, profesionales o cualquier entidad situada en paraísos fiscales de información de los titulares de sus cuentas, valores, inmuebles… sin mostrar una prueba, o evidencia, de su titularidad en ese paraíso. A día de hoy, una entidad financiera solo está obligada a suministrar información si existen sospechas concretas (sobre una persona o empresa), argumentadas y en parte documentadas, de la procedencia ilícita de fondos. Con esta excusa, la banca andorrana (a través de la todopoderosa Asociación de Bancos de Andorra, ABA), por ejemplo, aún se escuda para no facilitar información de forma generalizada de sus clientes, a pesar de haber firmado recientemente un convenio de transparencia fiscal con España.
Dentro de lo que sí ha logrado la OCDE –aunque funciona con ciertas deficiencias– es fijar un sistema de supervisión entre naciones conocido como peer review en el que cada país vigila que sus homólogos (con los que se han firmado convenios de transparencia) cumplan con el compromiso de intercambiar información. A este sistema de vigilancia también se trata de incorporar a los territorios más pequeños, que suelen ser los más opacos.
Pero sería injusto no percibir avances en este proceso de aislar a los paraísos. En España, esta mayor regulación ha propiciado que la inversión española en estos paraísos en el primer trimestre del año caiga de los 343,8 millones de euros contabilizados en 2010 a solo 27,9 millones durante 2011, acorde con Gestha (asociación que reúne a los técnicos del ministerio de Hacienda español). El parón económico y el crash inmobiliario explican también esta menor salida de capitales.
“Los paraísos fiscales también han sido responsables de la actual crisis”
Sí, de hecho han contribuido con su singular aportación a la pesadilla financiera que vivimos. Estos territorios de la insolidaridad han logrado acentuar la caída de los ingresos vía impuestos de los Estados, ya que estos fondos, tan necesarios en el contexto actual, en vez de llegar a las arcas públicas se han desviado a esos paraísos. Las cifras que facilitan las instituciones internacionales muestran el tamaño de esta ocultación.
La empresa de asesoramiento económico Merry Lynch estima que unos seis billones de dólares están depositados en estos territorios, lo que supone casi un tercio de los activos de las fortunas particulares del planeta; el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula, por su lado, que una cuarta parte de la riqueza mundial se oculta en ellos y la OCDE piensa que la evasión fiscal de los países de la OCDE efectuada a través de los paraísos llega a los 600.000 millones de dólares.
Por lo tanto, cómo no vamos a echar de menos todos estos fondos que se detraen del sistema financiero de los países en un momento en el que las exigencias de reducción del déficit público impuestas por los mercados y los organismos internacionales están ahogando a muchas naciones. Grecia, España, Irlanda, Italia o Portugal pueden dar buena muestra del coste social profundo que empiezan a tener estos recortes. ¿Se imaginan el efecto beneficioso que para la economía global, y la española, tendrían seis billones de dólares productivos y fiscalizados en el circuito financiero?
“Ponen en peligro el Estado de Bienestar”
En parte. Si no del todo, al menos sitúan en un escenario de riesgo el modelo tal y como se concibe en las sociedades occidentales. Es un hecho bien conocido, y que está dentro del ADN del capitalismo liberal, que la planificación económica y fiscal de las grandes corporaciones multinacionales pasa por deslocalizar la producción hacia países con menores costes laborales y medioambientales. Al tiempo estos grandes emporios crean una sociedad de cartera (o sea, instrumental) en uno o en varios paraísos fiscales para saldar sus negocios al margen de las naciones de origen o destino. Esta práctica se ha ido extendiendo como tarjeta de vista de la globalización y deja infinidad de ejemplos poco edificantes.
José María Mollinedo, secretario general de Gestha, explica cómo en octubre de 2010 se supo que el Tribunal Superior de Bombay (India) había condenado a la firma de telefonía Vodafone a pagar 2.040 millones de euros en impuestos al Gobierno indio tras la compra en 2007 del 67% de la multinacional de telecomunicaciones Huych por la que pagó 10.900 millones de dólares. Vodafone argumentó que el fisco de India no tenía competencias sobre un contrato firmado entre dos empresas extranjeras. Mientras que las autoridades fiscales indias entendían que la compañía europea sí estaba obligada a pagar un gravamen por ganancias de capital, ya que los activos de la empresa adquirida se hallaban sobre todo en India y les correspondía abonar ese impuesto. Y todo este intento por generar negocio, pero eludir los impuestos sucedía en un país donde 220 millones de personas pasan hambre.
Lejos de planteamientos judiciales de lo que no hay ninguna duda es que los paraísos fiscales detraen recursos que forman parte del patrimonio que construye el bienestar social de los ciudadanos. ¿Son tan elevados como para tumbar los avances sociales conseguidos en el mundo occidental? En principio no, pero si en el caso español (aquí también valdría escribir Italia, Portugal o Grecia) a ello añadimos el agujero en las cuentas públicas que genera la economía sumergida (según la Fundación de las Cajas de Ahorro –Funcas– supone ya el 24% del PIB de nuestro país), que tampoco forma parte del sistema económico reglado, entonces la erosión al bienestar empieza a ser considerable.
“Los paraísos fiscales son un elemento intrínseco del sistema capitalista”
Para nada. En su origen estos territorios tenían como finalidad favorecer el comercio de los países capitalistas hegemónicos (Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos). Ahora bien, es cierto que han tenido un fuerte crecimiento desde los años cincuenta del pasado siglo, hasta tal punto que más de la mitad de los activos bancarios y un tercio de la inversión extranjera de las empresas multinacionales se desvían a estos territorios.
Así lo afirma uno de los grandes referentes en este tema como es el periodista financiero del periódico británico The Guardian Nicholas Shanxon en un libro cuyo título es toda una declaración de principios: Treasure Islands: Tax Havens and The Men Who Stole the World (Las islas del tesoro: paraísos fiscales y los hombres que robaron el mundo). En él se explica con precisión cómo se opera en las Islas Caimán, Jersey o Barbados.
Al final, este viaje nos lleva al corazón del sistema. “El capitalismo” –describe Ricardo Wehrhahn, socio de la consultora Roland Berger– “está basado en la competencia y mientras siga existiendo el capital va allí donde haya más rédito. La forma de competir con los paraísos es ser más atractivos”.
La pregunta es, entonces, cómo se logra ser más atractivo que en un territorio donde no se pagan impuestos. El canto de sirenas de la elusión fiscal es tan fuerte que incluso los clientes están dispuestos a pagar unas comisiones que triplican las tarifas de un banco convencional. De hecho, suelen cobrar entre un 2% y un 3% sobre los activos gestionados. Un porcentaje que se traduce en mucho dinero, teniendo en cuenta las elevadas imposiciones de sus insolidarios clientes.
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