Ángel Bermúdez
Caracas.- Nueve meses después de su detención en la ciudad colombiana de Cúcuta, el presunto narcotraficante venezolano Walid Makled finalmente fue extraditado este lunes a Venezuela. El viceministro venezolano de Prevención y Seguridad Ciudadana, Néstor Reverol, anunció que será presentado ante la justicia en menos de 24 horas.
El empresario de 42 años y de origen sirio deberá responder por cuatro delitos: tráfico de drogas, lavado de dinero, concierto para delinquir y los homicidios del periodista Orel Zambrano y del veterinario Francisco Larrazábal, fallecidos en hechos separados en enero de 2009.
Pero Makled no es sólo perseguido por la justicia venezolana. También ha sido buscado por las autoridades de Estados Unidos, que fueron las que aportaron los datos necesarios para su detención en Colombia y que también solicitaron su extradición.
"Objetivos prioritarios"
De acuerdo con las imputaciones de la fiscalía estadounidense, formuladas en noviembre de 2010, Makled es visto como "el rey de los capos" del narcotráfico, al punto que el Departamento de Justicia lo incluye dentro de una lista de objetivos prioritarios.
En ese mismo documento, se afirma que Makled, también conocido como "el Turco", ha construido un amplio imperio global de narcotráfico, por lo que "su arresto impactará en la cadena global de abastecimiento de drogas".
Las autoridades de Estados Unidos relacionan a Makled con el hallazgo de más de cinco toneladas de cocaína en un avión que aterrizó en Ciudad del Carmen, México, en 2006, y que presuntamente partió cargado del aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela.
Tras su detención, Makled ha concedido varias entrevistas a medios de comunicación, en las que ha afirmado que él disponía de una nómina de US$1 millón mensuales destinada para pagar los "favores" a generales del alto mando y a cinco diputados.
Además, ha asegurado que posee constancias de depósitos y vouchers, así como seis videos que dan cuenta de estos pagos que dará a conocer a la Fiscalía.
Sus vínculos con funcionarios del gobierno datan de finales de 2002, cuando gracias a una de sus empresas de transporte ayudó a contrarrestar el paro nacional en contra del gobierno de Chávez.
Desde entonces, sus negocios con las autoridades se incrementaron: obtuvo la autorización para operar los almacenes de Puerto Cabello, el más grande del país; y logró contratos millonarios con la empresa estatal Pequiven para distribuir fertilizantes en todo el país.
"Trabajó" con el gobierno
En total, Makled ha dicho que trabajó con el gobierno venezolano durante ocho años y que, en 2007, aportó US$2 millones para la campaña a favor de la reforma constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez.
También ha señalado que le pagó US$100.000 al hermano del ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami.
En noviembre de 2008, los negocios de Makled en Venezuela sufrieron su mayor revés cuando hubo un allanamiento a una finca familiar. En la operación, fueron decomisados 392 kilos de cocaína y quedaron detenidos tres de sus hermanos: Alex, Basel y Abdala.
De acuerdo con un informe de la DEA, entonces Walid huyó de Venezuela con un pasaporte falso rumbo a Curazao.
El diputado opositor Miguel Ángel Rodríguez propuso la semana pasada la conformación de una comisión paritaria de veedores, con juristas y parlamentarios oficialistas y de oposición, para hacerle seguimiento a todas las etapas del juicio.
Sin embargo, Rodríguez no es optimista al respecto de su propuesta. "Estoy preocupado porque no responden a este gesto y porque cuando se ha propuesto discutir este tema en el Parlamento ha habido una negativa absoluta de parte del oficialismo. Este es un tema que interesa al Estado como institución y al país como nación", dijo el parlamentario a BBC Mundo.
"Todo el peso de la ley"
"Todo el peso de la ley"
Pocos días antes de que fuera enviado de vuelta a Venezuela, el ministro de la Defensa, Carlos Mata Figueroa, anunció que el caso Makled sería investigado porque en el país "no hay protegidos".
El gobierno venezolano siempre ha sostenido que las denuncias de Makled son "una campaña de descrédito".
"El gobierno bolivariano no va a ceder ante chantajes, presiones, amenazas, nosotros sabemos que esta campaña forma parte de una ola de descalificaciones", dijo el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación locales en octubre de 2010.
"Nosotros sabemos que detrás de ello lo que pretenden es tratar de frenar nuestra resolución firme de combatir y seguir combatiendo el narcotráfico y estas organizaciones criminales, nosotros no nos vamos a detener y menos por un chantaje de un medio de la burguesía que es cómplice de esas mafias", agregó.
El viceministro Néstor Reverol indicó este lunes que todo aquel que estuviera involucrado con Makled, "sea quien sea" se le aplicará el peso de la ley.
"El Estado venezolano y nuestro gobierno tiene el supremo interés de que este delincuente sea juzgado dentro de un debido proceso, en medio de garantías constitucionales, para que pague por sus delitos", agregó el funcionario.
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