Yasmina Shawki
Poco más de un mes después de que se iniciara el conflicto entre opositores y defensores del régimen de Gadafi, Francia, Gran Bretaña e Italia se apresuraron a solicitar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una resolución con la cobertura legal necesaria para intervenir en Libia. Se argumentó que los ataques indiscriminados de la superior fuerza militar del Gobierno de Trípoli con el apoyo de mercenarios suponía una gravísima amenaza para la población civil y las inexpertas y desorganizadas tropas de voluntarios contrarios al dictador. Y era y es cierto.
Por el contrario, frente a la brutal represión del Ejército sirio contra los ciudadanos que se manifiestan en las calles, la reacción internacional no solo se está demorando mucho, sino que es muy tibia. La diferencia radica en cuestiones de singular importancia. Para empezar, Siria carece de yacimientos petrolíferos de relevancia. Pese a que el Gobierno de Bachar al Asad no goza de simpatías, sus antecedentes, aun siendo represivos, no suponen una amenaza tan evidente como los de Gadafi. Además, Siria tiene mucha más población, 21 millones, frente a los seis y medio de libios, lo que supone un Ejército mucho más numeroso, más difícil y costoso de combatir.
El apoyo iraní y la vinculación con Hezbolá podría provocar, caso de intervenir en Siria, una extensión del conflicto tanto al Líbano, bastión del grupo terrorista, como a Israel, enemigo común de Damasco y Teherán. Y, por último, la vecindad con Irak, país de seguridad precaria, azotado todavía por el terrorismo, podría reabrir el conflicto interétnico. Demasiadas variables para que la UE, inmersa en una grave crisis económica, y EE.?UU., en período de elecciones presidenciales y con grandes restricciones presupuestarias, se arriesguen a intervenir.
Poco más de un mes después de que se iniciara el conflicto entre opositores y defensores del régimen de Gadafi, Francia, Gran Bretaña e Italia se apresuraron a solicitar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una resolución con la cobertura legal necesaria para intervenir en Libia. Se argumentó que los ataques indiscriminados de la superior fuerza militar del Gobierno de Trípoli con el apoyo de mercenarios suponía una gravísima amenaza para la población civil y las inexpertas y desorganizadas tropas de voluntarios contrarios al dictador. Y era y es cierto.
Por el contrario, frente a la brutal represión del Ejército sirio contra los ciudadanos que se manifiestan en las calles, la reacción internacional no solo se está demorando mucho, sino que es muy tibia. La diferencia radica en cuestiones de singular importancia. Para empezar, Siria carece de yacimientos petrolíferos de relevancia. Pese a que el Gobierno de Bachar al Asad no goza de simpatías, sus antecedentes, aun siendo represivos, no suponen una amenaza tan evidente como los de Gadafi. Además, Siria tiene mucha más población, 21 millones, frente a los seis y medio de libios, lo que supone un Ejército mucho más numeroso, más difícil y costoso de combatir.
El apoyo iraní y la vinculación con Hezbolá podría provocar, caso de intervenir en Siria, una extensión del conflicto tanto al Líbano, bastión del grupo terrorista, como a Israel, enemigo común de Damasco y Teherán. Y, por último, la vecindad con Irak, país de seguridad precaria, azotado todavía por el terrorismo, podría reabrir el conflicto interétnico. Demasiadas variables para que la UE, inmersa en una grave crisis económica, y EE.?UU., en período de elecciones presidenciales y con grandes restricciones presupuestarias, se arriesguen a intervenir.
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