Cuando de capturar narcotraficantes internacionales se trata, algunos creen que el brazo de la justicia estadounidense parece más largo y efectivo que el guatemalteco, incluso en Guatemala. El ejemplo más reciente es la captura el 30 de marzo pasado de Juan Alberto Ortiz López, alias Chámale, en Quetzaltenango -occidente de Guatemala- en un operativo militar y policial coordinado por la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés).
La detención ocurrió sólo dos meses después que un tribunal de distrito en Tampa, Florida, ordenara su captura, pero al menos tres años después de que sus andanzas en Guatemala fueran vox populi, según fuentes policiales. Ortiz, nacido en Guatemala, "envió unas tres toneladas de cocaína hacia Estados Unidos", según el ministro de Gobernación, Carlos Menocal.
Mover esa cantidad de droga proveniente de Colombia requería de grandes operaciones en territorio guatemalteco. Fuera de micrófonos, autoridades locales ubicaban su centro de operaciones en San Marcos, en la frontera con México, donde Ortiz era el presunto enlace del cartel mexicano de Sinaloa.
Su importancia incluso fue reconocida en un informe de 2010 del Centro de Investigación Woodrow Wilson de Washington. Sin embargo, un investigador del Ministerio Público (MP) reveló a BBC Mundo que la Fiscalía de la Narcoactividad no investigaba al capturado por delitos cometidos en Guatemala. "La detención ocurrió porque fue solicitada a una unidad del MP encargada de realizar capturas con fines de extradición solicitadas por otros países", explicó.
Algunos antecedentes
Menocal aseguró que Ortiz era un "pez más gordo" que Mauro Salomón Ramírez, detenido por narcotráfico el 2 de octubre de 2010 en Suchitepéquez, en el sur de Guatemala, a solicitud del mismo tribunal de Tampa.
A Ramírez, ex socio de Ortiz, las autoridades le decomisaron unos US$2,3 millones de dólares, un contraste con los US$1,5 millones que la policía había decomisado en todo 2009. Estados Unidos solicitó la extradición de Ramírez después de su captura. Desde entonces, han pasado cinco meses de un proceso entrampado por los recursos legales que la defensa presentó.
Según el Reporte Internacional de Estrategia para el Control de Narcóticos del 2010 del Departamento de Estado de EE.UU., leyes aprobadas en 2008 permiten que las peticiones de extradición de EE.UU. sean procesadas con mayor celeridad. No obstante, el proceso para extraditar a Ramírez, señalan algunos, difícilmente está siendo expedito.
Los extraditados
En este sentido, la lentitud de los procesos de extradición de pesuntos narcos en Guatemala viene de tiempo atrás. En 1992, el guatemalteco Arnoldo Vargas -quien fue delatado por un informante de la DEA- fue extraditado a Nueva York dos años luego de su captura cuando era alcalde de Zacapa (en un departamento colindante con Honduras).
La siguiente extradición de un guatemalteco por narcotráfico a EE.UU. ocurrió 15 años después. Luis Lemus Ramírez y Javier Reyes Armas fueron extraditados en marzo de 2007, dos años después de ser detenidos. Poco después, en agosto del mismo año, fue extraditado Manuel Linares Sandoval, quien había sido capturado dos años y medio antes. En febrero de 2008, los guatemaltecos Juan Ramón, Joaquín y Renato Frías Rivera, y el colombiano Alirio Muñoz, fueron extraditados casi tres años después de ser detenidos.
Atajos legales
Por otro lado, en los últimos años, apuntan los expertos, las autoridades estadounidenses buscaron formas de acelerar el proceso de extradición. En septiembre de 2003, la DEA se las ingenió para llevar al guatemalteco Byron Berganza a El Salvador. Un informante le tendió la trampa.
Berganza nunca fue encarcelado en Guatemala aunque la Fiscalía de Nueva York aseguraba que traficaba cocaína en ese país desde 1988, pero la policía salvadoreña lo detuvo y lo entregó a la DEA, que en pocas horas lo llevó a Nueva York. La Fiscalía neoyorkina calificó el procedimiento como una "expulsión", pero Berganza no fue expulsado hacia Guatemala -donde la extradición podría haberse demorado años. Desde abril de 2008, la ley guatemalteca permite que en seis semanas un extraditable fuera enviado a Estados Unidos.
Sin embargo, cuando la policía capturó en Honduras al guatemalteco Jorge Mario Paredes Córdova el 1 de mayo por narcotráfico, también fue expulsado directamente a Estados Unidos, sin que fuera juzgado en su país natal. Unas 48 horas más tarde, la DEA lo tenía en Nueva York, donde fue condenado a más de 20 años de cárcel.
Presiones externas
Tres décadas después de la captura de Vargas, la presión de EE.UU. todavía es un detonante efectivo cuando la justicia guatemalteca tropieza. En octubre de 2008, México extraditó al expresidente Alfonso Portillo (2000-2004), acusado de corrupción en Guatemala. Portillo permaneció libre bajo una fianza equivalente a unos US$1.800 -aun cuando era acusado de robar US$120 millones.
El exmandatario evadió la cárcel durante 14 meses con recursos legales, pero volvió a ser capturado en enero de 2010, después que un tribunal neoyorquino pidiera su captura y extradición por lavado de dinero. Actualmente está siendo juzgado en Guatemala. Otro caso reciente fue el de los cuatro miembros de la familia Lorenzana (acusada de narcotráfico) que evadieron tres intentos de captura ordenados por un tribunal en Washington, D.C. en 2009.
Según el presidente guatemalteco Álvaro Colom, esta evasión se debió "a una fuga de información". Además, sus abogados lograron frenar la orden en un juzgado guatemalteco. Mientras tanto, Ramírez sigue torpedeando su extradición, y Ortiz estaría comenzando el pulso legal al que le arrastró el brazo de la justicia estadounidense, después de su postergada captura.
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